Secretario de Educación de Biden promete cerrar la universidad cristiana más grande de EE.UU

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Después de que el Secretario del Departamento de Educación, Miguel Cardona, se comprometiera a clausurar la Universidad del Gran Cañón (GCU), la institución cristiana más grande de Estados Unidos, los funcionarios de la GCU respondieron a Fox News Digital indicando que la represión se debe a un «sesgo profundamente arraigado».

Durante una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes el 10 de abril, Cardona hizo comentarios sobre la represión contra la GCU y otras universidades similares.

La representante Rosa DeLauro, demócrata por Connecticut, preguntó a Cardona cómo la administración está trabajando para cerrar la GCU, a la que calificó como «una escuela depredadora con fines de lucro».

Cardona defendió sus métodos de aplicación de la ley y afirmó que «estamos tomando medidas enérgicas no solo para cerrarlas, sino también para enviar un mensaje de que no se aprovechen de los estudiantes».

«El año pasado, su Departamento tomó medidas contra Grand Canyon University, una universidad depredadora con fines de lucro, por no revelar con precisión su costo a los estudiantes, lo que aumentó el costo real para aquellos estudiantes que les exigen pagar cursos de continuación antes de poder se graduarían: los cursos fraudulentos añadían alrededor de $10,000 o más al costo de la educación de estos niños», dijo DeLauro.

«Perseguir a escuelas depredadoras que se aprovechan de los estudiantes de primera generación. Tienen materiales de marketing llamativos, pero el producto no vale el papel en el que está impreso. Aumento del presupuesto de aplicación de la ley para perseguir a estas personas y tomar medidas enérgicas. Se impuso la multa más grande de la historia a una escuela que mintió sobre los costos y excluyó a una escuela del Título IV. Estamos tomando medidas enérgicas no sólo para cerrarlas, sino para enviar un mensaje de no aprovecharse de los estudiantes», respondió Cardona.

Multa por «abuso»

GCU ha apelado una multa de $37,7 millones por engañar a estudiantes sobre el costo de sus programas de doctorado. La multa es mucho mayor que las impuestas a otras universidades por casos de abuso.

El Departamento de Educación encontró que GCU mintió a más de 7.500 estudiantes sobre el costo, y la universidad tiene 20 días para apelar o explicar por qué no debería imponerse la multa. GCU espera una audiencia en enero y, de ser necesario, apelará la decisión hasta el Secretario de Educación.

«Esto está lejos de ser unas pocas manzanas podridas en el montón. Las universidades depredadoras con fines de lucro se han involucrado en una serie de engaños diseñados para aumentar la inscripción y los costos de los estudiantes para generar más ingresos para los propietarios y accionistas ¿Cómo se comprometen usted y su agencia a aumentar la supervisión de estas instituciones? ¿Hay alguna forma de cerrar a estas personas?», dijo DeLauro durante la audiencia del 10 de abril.

DeLauro expresó su preocupación por la proliferación de engaños en las universidades depredadoras con fines de lucro y pidió mayor supervisión y medidas más estrictas.

Cardona prometió utilizar diversas estrategias para combatir estas prácticas, incluyendo la defensa de los prestatarios y la rendición de cuentas por parte de las instituciones educativas. También señaló que las universidades con fines de lucro estaban explotando a estudiantes de primera generación.

Ataques con declaraciones infundadas

GCU respondió a los comentarios despectivos del Secretario Cardona sobre el cierre de universidades como la suya, exigiendo una retractación inmediata y señalando que las declaraciones no reflejan la realidad de la situación.

Cardona se pronunció sobre la petición del American Principles Project para proteger las universidades cristianas, en respuesta a los ataques de la administración Biden a estas instituciones. El director de políticas de APP, Jon Schweppe, denunció la agenda educativa progresista del gobierno y la falta de controles para prevenir abusos de poder.

El Instituto Goldwater demandó al Departamento de Educación en un tribunal federal por negarse a entregar registros sobre una multa millonaria impuesta a la Universidad Grand Canyon. Alegan que estos registros podrían revelar un ataque intencional basado en acusaciones débiles, llamando la atención sobre posibles irregularidades en las acciones del gobierno federal contra instituciones religiosas.

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