El 18 de julio de 1994, un cochebomba se estrelló contra la sede israelí y derrumbó el edificio, en lo que fue el ataque terrorista más grave de la historia argentina. De las tres investigaciones al Memorándum con Irán.
Se movió todo. El reloj marcaba las 9.53 cuando el piso empezó a temblar y en cuestión de segundos las paredes y el techo de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) se desplomaron casi por completo. También los edificios vecinos cayeron. Y lo que era el barullo típico de una mañana fría de lunes en el barrio porteño de Once, se transformó en caos, desesperación y horror. Se trataba del más grave atentado de la historia argentina.
El ambiente se llenó de olor a amoníaco, humo y gritos. Mientras actuaban en el lugar los bomberos y la Policía, la gente intentaba buscar a sus compañeros y familiares debajo de las ruinas. Los operativos de rescate duraron varios días. En total, las víctimas fatales fueron 85 y hubo alrededor de 300 heridos.
El hecho era significativo. Dos años antes, la Embajada de Israel en Buenos Aires había sido atacada -hubo 22 muertos y 242 heridos- y el terror volvía a tomar poder. “Vi todo cuando venía caminando para acá. Yo ya había pasado la explosión de la Embajada, pero no pensé que iba a haber una segunda vez. La gente tiene que entender que somos iguales a todos, es injusto. No puedo entender qué es lo que tienen contra nosotros”, dijo minutos después de la explosión una mujer que trabajaba en la AMIA y que iba camino a la oficina cuando se topó con el desastre.
Pasaron 30 años de aquel 18 de julio y todavía hay muchos interrogantes sin resolver. En estas tres décadas se realizaron dos juicios y hubo 145 imputados, de acuerdo a la información de la Unidad Fiscal AMIA. De ellos, solo 15 llegaron a juicio oral. En ese sentido, familiares de víctimas y organizaciones sociales denunciaron a lo largo del proceso que la investigación estuvo plagada de irregularidades y hasta el día de hoy siguen pidiendo que los responsables y encubridores cumplan su condena.
Las primeras hipótesis
Durante más de una semana se realizaron operativos para recuperar cuerpos. A la par, los investigadores intentaban averiguar qué había pasado, cómo se había llevado adelante el atentado y quién estaba detrás.
Al comienzo en la causa intervino el juez federal Juan José Galeano y los fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia. Por parte de la Policía Federal Argentina trabajó el Departamento de Protección al Orden Constitucional (POC), a cargo del comisario inspector Carlos Antonio Castañeda.
Según la base de datos de la UFI AMIA, se abrieron alrededor de 470 líneas de investigación. Si bien surgieron muchas teorías, como que las bombas habían estado dentro de un volquete cerca al edificio o que las habían ingresado junto a materiales para una remodelación, las pericias establecieron que el ataque se llevó a cabo con un cochebomba cargado de explosivos, para el que se utilizó una camioneta Renault Trafic blanca.
¿Cómo lo determinaron? Entre los escombros se encontraron pedazos del vehículo y el motor, y este hallazgo permitió identificar -a través de la numeración- quién había sido el último propietario: Carlos Alberto Telleldín. Fue detenido el 27 de julio.
Causa AMIA: el primer juicio y las irregularidades
Un mes después del atentado, la Justicia imputó a Telleldín por ser el último dueño de la camioneta y se convirtió en el único sospechoso identificado. Aunque se especulaba que el hecho había sido planificado con tiempo, el principal problema era detectar quiénes eran los otros implicados.
En 1996, Telleldín decidió ampliar su declaración y dijo que él le había entregado el cochebomba a un grupo de oficiales de la policía bonaerense. Esta situación hizo que el juez Galeano ordenara abrir una nueva investigación -que se llamó “Causa Brigadas”- para indagar sobre su participación en el ataque. Tras esos dichos, los policías fueron detenidos y procesados. Ambas causas se tramitaron en forma paralela hasta que la Cámara de Apelaciones decidió acumularlas en 1999.
A principio de los 2000, finalmente el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 llevó a juicio a Telleldín y a los oficiales Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Mario Roberto Bareiro y Anastasio Ireneo Leal como partícipes del atentado. Además, otros 17 policías fueron imputados por delitos menores.
En simultáneo, Galeano dictó una orden de captura internacional contra 12 funcionarios iraníes, entre ellos, el exembajador Hadi Soleimanpour y el agregado cultural, Mohsen Rabbani.
Sin embargo, mientras avanzaba el proceso judicial, se hizo pública una filmación en la que se veía a Galeano reunido con Telleldín en el Juzgado, días antes de que el imputado involucrara a los agentes bonaerenses. Allí se conoció que la versión que había brindado era falsa y que le habían pagado alrededor de US$400.000 para que lo hiciera. A raíz de estas irregularidades, la Cámara Federal de Apelaciones decidió separar al juez de la causa por entorpecimiento.
En 2004, el Tribunal anuló la investigación de Galeano y absolvió a los 22 imputados, incluso a Telleldín, argumentando que los policías habían sido acusados “falsamente y a propósito”, y que detrás de esta maniobra había un entramado político y judicial. A partir de allí la causa pasó a estar bajo la órbita del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que delegó el caso al fiscal Alberto Nisman para que analizara los nexos y encubrimientos.
Cinco años después, la Corte Suprema dio marcha atrás con la absolución de Telleldín y se realizó un nuevo juicio para determinar su responsabilidad en el atentado. En 2010, el juez Canicoba Corral lo procesó como partícipe necesario. Finalmente, el tribunal dictó sentencia en diciembre de 2020 y su veredicto fue por segunda vez absolutorio, ya que consideraron que las pruebas reunidas no lograban demostrar que hubiera conocido cuál era el destino que tendría la camioneta.
AMIA II: el juicio contra los encubridores
Tras el primer juicio, se abrió una nueva investigación conocida como “Causa AMIA II”, enfocada en el encubrimiento del atentado y que estuvo a cargo del juez federal Ariel Lijo.
Allí se trabajaron dos puntos: el soborno que recibió Telleldín con fondos públicos para involucrar a los policías, y la “pista siria”, que comprendía la sospecha sobre un comerciante sirio de nombre Alberto Kanoore Edul. Esta última hipótesis surgió a partir de unas gestiones que habría realizado con Telleldín para comprar una camioneta Trafic días previos al atentado, además de que tenía vínculos con Rabbani, uno de los iraníes acusados como posible autor del siniestro.
Durante varios años se analizaron los roles que tuvo cada acusado. Recién en 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 dio a conocer el veredicto en el que sentenció a ocho de los 13 imputados:
- Juan José Galeano: el juez había sido nombrado en la “Causa AMIA” por Menem. Luego de su accionar durante el primer juicio, fue destituido por la Corte Suprema. Durante el debate quedó probada la ilegalidad del pago a Telleldín para hacer la falsa acusación contra los policías y en mayo de 2019 fue condenado a 6 años de prisión, aunque en abril pasado la rebajaron a cuatro años.
- Eamon Mullen y Juan José Barbaccia: eran dos de los tres fiscales que investigaron la “Causa AMIA” y que, según la Justicia, entorpecieron el proceso y participaron en la operación de pago a Telleldín. Ambos fueron condenados a 2 años de prisión.
- Carlos Telleldín: en el primer juicio fue imputado por ser la última persona que intervino el cochebomba y que la vendió pocos días antes de que explotara en el edificio israelí. En 2005, luego de que la Justicia absolviera a todos en esa causa por las irregularidades, quedó en libertad. Sin embargo, fue procesado por el encubrimiento del atentado y por haber recibido dinero en la operación para involucrar al grupo de policías. La Justicia en 2019 lo condenó a 3 años y seis meses de prisión, que se acortó a 1 año y 9 meses.
- El expresidente Carlos Menem: era el jefe de Estado al momento del atentado y estuvo en ese cargo cinco años más. Fue acusado de encubrir el atentado, de no haber protegido a la Nación tras el primer ataque a la Embajada y de interferir en la investigación, ya que intervino para descartar la “pista siria” que involucraba a Kanoore Edul, allegado a su familia. Fue absuelto antes de morir, en 2021.
También fueron condenados Hugo Anzorreguy -jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cuando ocurrió el ataque a la AMIA- a 4 años y seis meses; Juan Carlos Anchézar -subsecretario de Inteligencia en la SIDE- a 3 años de prisión, y Patricio Finnen -jefe de equipo de espionaje de la SIDE- que había sido absuelto y en abril pasado lo condenaron a 2 años de prisión.
El comisario inspector Carlos Castañeda fue condenado en 2005 por haber desaparecido gran cantidad de pruebas que debían permanecer a resguardo -entre ellas, diskettes de computadora y casettes con el registro de llamadas-. Tras varias instancias, la Justicia confirmó su pena a cuatro años de prisión. En tanto, Jorge Palacios, que estaba a cargo de la Unidad Antiterrorista de la PFA, fue absuelto en 2019.
En principio a la exesposa de Telleldín, Ana María Boragni, la condenaron a 2 años de prisión pero los jueces resolvieron meses atrás absolverla; al igual que a su exabogado, Víctor Stinfale. Por otro lado, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, también fue absuelto.
Creación de la UFI AMIA y la investigación de Nisman
En 2004, se creó la Unidad Fiscal para la Investigación de la “Causa AMIA” con el objetivo de que interviniera en todas los procesos judiciales relacionados con el atentado. Al frente estaba el fiscal Nisman.
Un año después, el exmandatario Néstor Kirchner firmó un decreto en el cual aceptaba la responsabilidad del Estado por no haber esclarecido el hecho. A su vez, puso a disposición de la UFI AMIA todos los documentos de la SIDE, le brindó su apoyo y se mostró esperanzado por su labor.
A fines de 2006, el fiscal Nisman emitió un dictamen en el que responsabilizó a varios miembros del gobierno de Irán y a la organización terrorista Hezbollah por el atentado. Luego, el juez Canicoba Corral lanzó una orden de captura internacional sobre nueve iraníes, acusados de ser los autores intelectuales.
Fue el Comité Ejecutivo de Interpol el que resolvió establecer varios meses más tarde la alerta roja sobre cinco del total de los sospechosos, aunque con el correr de los años se amplió a nueve. Se trata del exministro de Información y Seguridad, Alí Fallahijan; exconsejero cultural de la Embajada iraní en la Argentina, Mohsen Rezai; el exconsejero cultural de la Embajada iraní en la Argentina, Mohsen Rabbani; ex tercer secretario de Irán en Argentina, Ahmed Reza Asghari; el comandante de las Fuerzas Quds, Ahmad Vahidi; Samuel Salman el Reda, Hussein Mounir Mouzannar, Farouk Abdul Hay Omairi y Abdallah Salman, todos integrantes de la organización libanesa Hezbollah. Estas circulares continúan vigentes hasta ahora junto con el pedido de captura del exministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Velayati y del exembajador iraní en la Argentina, Hadi Soleimanpour.
Memorándum de Entendimiento con Irán: qué es y por qué fue repudiado
En 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el entonces canciller Héctor Timerman firmó junto a su par iraní lo que se conoció como el Memorándum de Entendimiento con Irán. Este pacto suponía que los acusados por el atentado iban a declarar ante la Justicia argentina en Teherán y un tribunal de juristas internacionales. Además, establecía que el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman iban a poder interrogar a los sospechosos iraníes que contaban con la notificación roja de Interpol.
Según explicaron en aquel momento, el objetivo era acercar posiciones para poder avanzar con la investigación que estaba estancada hacía varios años.
Rápidamente este acuerdo fue repudiado por las familias y las entidades judías -como la propia AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)-, que pidieron su inconstitucionalidad. Para ellos, era inadmisible compartir la investigación con el Estado de Irán que, para la Argentina, había sido considerado terrorista.
Para que el pacto entrara en vigencia, tenía que ser aprobado por los parlamentos de los dos países. Si bien el Congreso nacional le dio luz verde enseguida, en el caso iraní se perdió el interés luego de que Interpol ratificara la vigencia de las circulares rojas. Dos años después, quedó firme la inconstitucionalidad del acuerdo.
La denuncia de Nisman contra CFK por el Memorándum
El Memorándum fue el eje principal de la acusación que presentó el fiscal Nisman en 2015 contra Cristina Kirchner, ya que consideraba que la finalidad real del pacto era “negociar un plan de impunidad para encubrir a los prófugos”.
“El gobierno de Nestor Kirchner fue quien más ha hecho -desde el punto de vista político- y dado apoyo a la UFI AMIA para el esclarecimiento de este atentado. Durante su gobierno y mientras vivió. Las irregularidades empezaron dos meses después de su muerte y no es casual”, expresó en una entrevista con A Dos Voces (TN) el 15 de enero de 2015.
En ese sentido, apuntó: “El Gobierno de Cristina Kirchner no es distinto al de Néstor Kirchner, es totalmente opuesto. El Ejecutivo hizo una alianza con los terroristas, se negoció con el Estado que ampara a los terroristas. La firma del Memorándum es la finalización de un proceso de impunidad”. Tres días después de esas declaraciones y uno antes de formalizar la denuncia en el Congreso, el funcionario fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.
De todas formas, un mes después la acusación del fiscal fue rechazada por el juez Daniel Rafecas, que explicó que no había elementos suficientes para abrir una causa penal al respecto. Aún así, finalmente el juez Claudio Bonadió procesó en 2017 a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios.
En 2021, dos años después de que CFK asumiera como vicepresidenta de la Nación, el Tribunal Oral Federal N°8 declaró nulo el caso y explicó en su fallo que no hubo delito a la hora de firmar el Memorándum. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación -en segunda instancia- revocó el sobreseimiento el año pasado y ordenó realizar un juicio oral.
Juicio en ausencia para los acusados iraníes
En 2022, el Mossad -el instituto de inteligencia de Israel- dio a conocer el informe final que construyó durante décadas respecto al atentado contra la sede judía argentina en 1994. En el escrito indicaron que “las autoridades máximas de la República lslámica de Irán dieron la orden para que se perpetrara el ataque” y señalaron que hubo un trabajo previo de inteligencia, recopilación de información y preparación de la infraestructura orquestado por la agrupación terrorista Hezbollah.
En ese mismo sentido, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, en abril de este año, consideró que los atentados -tanto contra la embajada como contra la AMIA- fueron decididos por Irán y ejecutados por el movimiento libanés armado. A su vez, los magistrados pidieron que se haga un nuevo juicio en ausencia de los iraníes y libaneses prófugos involucrados en la causa. Para ello, le pidieron al Gobierno y al Congreso que se avance en políticas públicas para instaurar este proceso judicial.
Días atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, enviaron al Congreso un proyecto de ley para implementar el juicio en ausencia.
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista.
En la previa al 30° aniversario, el diario Tehran Times -voz del régimen iraní- envió un fuerte mensaje contra el Gobierno de Javier Milei: “Irán siempre soportó pacientemente las acusaciones y aún espera que los funcionarios políticos y judiciales de Argentina actúen entendiendo su responsabilidad de descubrir la verdad y tratar de abordar las desviaciones creadas en ese caso. Irán también declaró su disposición a ayudar a descubrir la verdad manteniendo sus posiciones de principios mientras rechaza las hipotéticas acusaciones de las autoridades judiciales argentinas contra ciudadanos iraníes”.
30 años del atentado a la AMIA: la lucha para que no quede impune
Los 30 años del atentado duelen y todavía continúa el reclamo para que el caso no quede impune. Diana Wassner, viuda de Andrés Malamud e integrante de Memoria Activa, insistió con la necesidad de que el Estado cumpla con los requerimientos solicitados por la Corte y que se lleve a cabo una investigación eficaz: “También solicitamos la implementación de reformas y medidas que logren abrir y sistematizar todos los archivos de inteligencia. Sin estas decisiones, la responsabilidad material del atentado seguirá sin estar probada judicialmente”.
“El aniversario lo vivo con mucha tristeza. Tristeza por tantos recuerdos que vuelven a la cabeza, y también siento todo lo que Andrés se perdió de vivir, sobre todo ver a sus hijas crecer”, expresó Wassner en diálogo con TN.
“Seguimos luchando contra la impunidad. Hoy mantenemos el mismo reclamo de siempre, verdad y justicia. Sobre todo verdad, porque la justicia después de tantos años es imposible. Quisiera que por lo menos los encubridores paguen con la cárcel para no quitarnos la posibilidad de saber quiénes y por qué mataron a nuestros familiares”, cerró.
Víctimas del atentado a la AMIA
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Créditos
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Edición de video: Natalia Cevallos e Iván Paulucci
Edición periodística: Agustina Acciardi
