El proyecto, impulsado por la UCR y Unión por la Patria, incluye aumentos salariales indexados por inflación y enfrenta la amenaza de veto presidencial.
El Senado se apresta a otro round con el presidente Javier Milei por los fondos públicos. El próximo jueves sancionará el proyecto de Financiamiento a las Universidades Nacionales, que incluye una mejora salarial para los sectores de docentes y no docentes.
Por unanimidad, y a propuesta del bloque de Unión por la Patria, Eduardo “Wado” de Pedro fue elegido como presidente de la estratégica Comisión de Educación, que ya convocó a un plenario para el próximo martes junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para sesionar sobre este tema 48 horas después.
“Sin educación no hay futuro. No pensamos gastar más, sino invertir en educación”, le dijo a TN el flamante titular de la comisión. Además, agregó que ya recibió llamados del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), gobernadores, intendentes y sectores docentes y no docentes universitarios. “Tenemos muchos proyectos y muchas urgencias”, le dijo De Pedro a los senadores nacionales.
La propuesta de tratar este tema en el recinto fue planteada por la UCR, a través del senador Flavio Fama, en la última sesión. Este jueves, el bonaerense Maximiliano Abad le adelantó a TN que “el radicalismo en pleno votará el proyecto sancionado por Diputados”.
Financiamiento Universitario: la sanción de la Cámara de Diputados
El pasado 14 de agosto, Diputados sancionó el proyecto de Financiamiento de Universidades Nacionales votando un dictamen de minoría con modificaciones propuestas por la UCR, a través de la diputada Danya Tavela, y Unión por la Patria. Incluía la recomposición de salarios desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, de forma mensual y de acuerdo con la inflación informada por el INDEC. Se sumó la incorporación de dos actividades: fortalecimiento de la ciencia y técnica en las universidades, y fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria, además de un aumento en el monto de las becas, entre otras medidas. La norma contó con el apoyo de 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención.
Tavela señaló en el transcurso de la sesión en el recinto de la Cámara Baja que “el ajuste de la economía tiene que pasar por aquellos gastos superfluos, como lo que le van a poner a la SIDE o lo que ya se gastó. Lamentablemente, este Congreso, como hace habitualmente, llega tarde y mal, porque tuvimos una marcha el 23 de abril, presentamos muchos proyectos, nos autobloqueamos para que no salga ninguno, para cumplirle vaya a saber Dios a quién, y finalmente termina el proceso a medio resolverse y estallando en el inicio del segundo cuatrimestre el conflicto salarial”.
El oficialista José Luis Espert consideró que los salarios docentes se están discutiendo: “La mesa de negociación salarial se mantiene abierta. El diálogo entre las universidades nacionales y docentes está vigente, ocurre, existe. Mal haríamos desde el Congreso en sancionar una ley que aborte el diálogo libre que se está desarrollando”.
La evaluación de la Oficina de Presupuesto
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó, para el ejercicio presupuestario vigente, un impacto de 738.595 millones de pesos, equivalentes al 0,14% del PBI. Además, estableció una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023, hasta la sanción del proyecto, tomando en cuenta los aumentos ya otorgados y actualizados por el aumento inflacionario según el IPC del INDEC.
La actualización para gastos de funcionamiento sería de 210.742 millones de pesos, un 0,04% del PBI; la actualización bimestral para gastos de funcionamiento es de 86.254 millones de pesos, un 0,02% del PBI, y la recomposición de salarios para docentes y no docentes alcanzaría los 441.000 millones de pesos, un 0,08% del PBI. Allí se calcula el 0,14% del presupuesto general de gastos.
La OPC aclaró en su informe que, en relación con los presupuestos de funcionamiento universitario, para conocer el impacto fiscal se debe descontar el presupuesto inicial y los aumentos ya otorgados durante el ejercicio 2024, y anteriores a la sanción del proyecto de ley, por lo que el incremento presupuestario final se estima en 296.995 millones de pesos. Este cálculo considera lo anunciado por el Poder Ejecutivo en su comunicado del 10 de agosto, respecto a que los gastos de funcionamiento se encuentran garantizados en el presupuesto vigente, por lo que el impacto fiscal de la medida es equivalente al incremento presupuestario requerido.
Desde el Poder Ejecutivo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en las últimas conferencias de prensa adelantó que el presidente Javier Milei vetará “toda sanción (del Congreso) que vaya en línea con destruir el equilibrio en las cuentas”.
