Esta semana arrancan las audiencias. El organismo de control oficial busca que la entidad que lidera “Chiqui” Tapia justifique inconsistencias detectadas en los estados contables por US$450 millones.
El Gobierno, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) avanza con las citaciones a contadores para que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga den explicaciones sobre posibles inconsistencias de balances de estas organizaciones. Deberán explicar flujos de dinero por US$450 millones en total, en audiencias que arrancan esta semana.
Como anticipó TN el 20 de enero vence el plazo para que la AFA y la Superliga presenten ante la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia los balances contables y financieros que adeudan desde 2017. Deben justificar un flujo de dinero por US$111 millones por la AFA, y US$340 millones por la Superliga.
La convocatoria de la IGJ a los contadores de la AFA y la Superliga es para que den “explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”.
El Ministerio de Justicia advirtió que los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los US$111.000.000 y US$340.000.000, respectivamente», y que le reclaman a la AFA “presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales». Aclararon que la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, y su mano derecha, el Tesorero, Pablo Toviggino, “es una asociación sin fines de lucro”.
El Gobierno ratificó el “compromiso con la igualdad ante la ley” y advirtió: “Nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ”.
El Ministerio encabezado por Mariano Cúneo Libarona adelantó que “la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos”
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