En las próximas semanas se publicará un decreto con la intención de “sacarles todos los privilegios” que hoy tienen las empresas públicas, según pudo saber Se busca que “el Estado tenga la libertad de contratar a través de licitaciones y no de adjudicaciones directas”.
Tras el escándalo generado por la investigación por presunta defraudación al Estado por parte del expresidente Alberto Fernández en la contratación de seguros durante su mandato, el gobierno de Javier Milei se involucrará en el caso. Según pudo saber el Ejecutivo prepara un decreto que apunta a quitar todos los “privilegios” que hoy tienen las empresas públicas.
“La idea es sacarles todos los privilegios a las empresas del Estado, tales como Nación Seguros o YPF, por citar ejemplos”, confiaron a este medio desde Casa Rosada. Detrás del decreto está Federico Sturzenegger y busca que “el Estado tenga la libertad de contratar a través de licitaciones y no de adjudicaciones directas”.
“Se podrá contratar aquello que le convenga más al Gobierno en términos económicos pero también jurídicos”, indicaron. El Ejecutivo trabaja desde hace tiempo en esta iniciativa, pero toma mayor relevancia tras la denuncia contra el expresidente.
Por el momento no está definida la fecha de publicación del decreto que busca eliminar “privilegios” existentes en las empresas públicas a la hora de contratar distintos servicios. Se espera que se haga oficial en las próximas semanas.
Con el antecedente inmediato del escándalo que involucra a Alberto Fernández, donde se había establecido en 2021 la obligatoriedad de contratar pólizas con Nación Seguros, ahora el Gobierno impulsa cambios significativos. En este sentido, se analiza que todas las empresas públicas dejen de tener la obligación de contratar servicios a otro organismo público.
La intención es que a partir de la vigencia del decreto en preparación, las empresas públicas tengan que competir “en igualdad de condiciones” con las compañías privadas. Se busca mayor transparencia en el proceso de contratación, por un lado, mientras que también reducir los costos a través de una mayor oferta.
El decreto es parte de un paquete de medidas en las que trabaja Sturzenegger, tales como desregulaciones en el sector aerocomercial. Además, días atrás se reglamentó los artículos de la Ley de Deportes 20.655 referidos a lo que se conoce como Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
El caso por el que se investiga a Fernández tiene que ver con que a partir de su gestión, la contratación de los seguros de los organismos del Estado y las empresas públicas, pasó de una modalidad directa o licitación a la intermediación de terceros. Allí, con los denominados brokers, se generaron millonarias comisiones que antes no existían.
En 2021 se estableció por el decreto 823/2021 que los entes del Estado tenían la obligatoriedad de contratar Nación Seguros. Pero además, todos los contratos tenían un intermediario, que la gran mayoría de las veces era Héctor Martínez Sosa, marido de la histórica secretaria de Fernández, María Cantero.
Durante la totalidad del gobierno de Alberto Fernández se pagaron un total de $3.453.302.77 en concepto de comisiones a los intermediarios investigados. Esto es el equivalente a US$17 millones al cambio oficial.
